El Gobierno impulsará un amplio blanqueo de deudas laborales y previsionales como puntapié inicial de la reforma laboral.

Para más adelante quedarán las normas de liberalización de la movilidad laboral, los nuevos contratos de los trabajadores, las pasantías, las capacitaciones, los nuevos calculos indemnizatorios y las medidas más conflictivas que estaban incluidas en el proyecto original presentado en sociedad en diciembre del 2017, señala Ámbito Financiero.

El macrismo está convencido que podrá avanzar durante el año con todo la reforma laboral. Los diálogos entre los ministros y funcionarios varios con contactos directos con el sindicalismo están firmes.

La convicción gremial que no existe en carpeta ninguna idea para modificar el status quo en los flujos de aportes a las obras sociales sindicales, resulta la mejor arma negociadora para poder mantener el diálogo entre el Ejecutivo y el sindicalismo.

Lo que debe negociar entonces el gobierno, es el voto no negativo en el Congreso de algunos legisladores del justicialismo para que las leyes puedan hacerse realidad.

A través del blanqueo, las conducciones sindicales la posibilidad de incorporar a las arcas de las cajas de las obras sociales los aportes de los 4 millones de argentinos que trabajan en parte o todo en negro.

La idea es que el proyecto sea lo más amplio posible, y con la especificación de un perdón o moratoria para las deudas previsionales. Esto es, sin multas ni punitorios, señala el matutino. 

Si el Gobierno logra que el blanqueo se apruebe, buscará la promesa de avanzar con los otros capítulos del megaproyecto oficial.

Esto incluye las más polémicas iniciativas de modificar y flexibilizar las condiciones de capacitaciones y pasantías para las empresas de todo tamaño.

También la creación de una Agencia de Salud que apunta a reducir los costos de los accidentes de trabajo y las contrataciones de seguros laborales; además del debate sobre el "principio de irrenunciabilidad" por el cual no se pueden modificar las condiciones laborales, aunque haya aceptación por parte del empleado.

Para último turno del cronograma quedará la discusión que el Gobierno quiere plantear sobre las normas de indemnizaciones, y que incluye la creación de un "fondo" al que aportarían los trabajadores mensualmente como parte de su sueldo; dinero que luego se utilizaría para las retribuciones por despidos.

El oficialismo busca sostener en el proyecto a debatir en el Congreso la eliminación del cálculo indemnizatorio del aguinaldo, los pagos por horas extras, comisiones, premios, compensaciones por gastos "y todo otro rubro que carezca de periodicidad mensual, normal y habitual" según la letra oficial.